La dolarización oficial o de jure implica la adopción del dólar como moneda de curso legal. La dolarización de facto la deciden de manera independiente los agentes económicos y puede ser real, financiera o ambas simultáneamente. La primera implica la sustitución de la moneda como unidad de cuenta y medio de pago, mientras que la segunda una sustitución de activos financieros denominados en moneda local por activos financieros denominados en dólares y/o la denominación de gran parte de los pasivos de la economía en dólares. En ambos casos, su causa fundamental es la inflación alta, persistente y volátil. Entre 1970 y 1995 la dolarización de facto fue un fenómeno generalizado.
Como su nombre lo indica, un régimen de convertibilidad mantiene a los pesos en circulación, pero los hace convertibles a dólares. En el caso de la década del 90 los pesos eran convertibles a dólares al tipo de cambio fijo 1 peso = 1 dólar. Existía total libertad para celebrar contratos en monedas que no fueran el peso. Bajo una dolarización los pesos dejan de existir. Todas las transacciones, incluido pago de sueldos, se hacen directamente en dólares.
Otra diferencia entre ambos regímenes monetarios es que la dolarización es más difícil de revertir. Argentina abandonó la Convertibilidad en la crisis del 2001, mientras que en Ecuador la dolarización sobrevivió al populismo de Correa, la crisis financiera global de 2008, dos defaults de deuda soberana, y el terremoto del 2016. En casos Panamá, donde la dolarización ya ha superado el siglo de vida, sobrevivió a dos guerras mundiales, la Gran Depresión, la crisis internacional del petróleo y una invasión norteamericana.
Entre 1945 y el 2021, la tasa de inflación anual en la Argentina fue 62%. La sociedad argentina se ha acostumbrado a vivir con una inflación alta, persistente y volátil. El crecimiento a largo plazo es imposible bajo estas condiciones.
La inflación ha sido un problema para todos los gobiernos que han pasado por la Casa Rosada (peronistas, radicales, Cambiemos y gobiernos militares). La inflación argentina no es un problema de partidos políticos en el gobierno o de nombrar buenos economistas para gestionar la política económica. El problema es cultural e institucional, y por lo tanto su solución requiere una reforma institucional. La dolarización tal como la proponemos es una reforma institucional.
Argentina ha intentado prácticamente todos los esquemas de política monetaria que existen, excepto la dolarización. El estrepitoso fin de la convertibilidad de los 90 hace difícil pensar que un nuevo régimen de convertibilidad vaya a generar la confianza necesaria para controlar de manera definitiva el problema de la inflación.
Es importante tener un debate serio sobre la dolarización por que si seguimos por el mismo camino que hasta ahora el resultado será el empobrecimiento del país. Nuestro objetivo es:
Renunciar a una moneda propia dista de ser una rareza. Hay 196 países en el mundo, incluyendo microestados e islas pequeñas. y aproximadamente 100 están dolarizados.
Si bien la adopción del euro no es, en términos estrictos, una dolarización, los países que adoptan esta moneda renuncian a administrar una moneda 100% propia.
En América Latina, Panamá esta dolarizado desde 1904, Ecuador desde 2000 y El Salvador desde 2001. Varias países del Caribe también están dolarizados.
Creemos que las experiencias más más relevantes para la Argentina son las de Ecuador y la de Zimbabue, que duró desde 2009 hasta 2019. La experiencia de este país africano ilustra los peligros de implementar una dolarización sin una reforma bancaria cuando el gobierno incurre en déficits fiscales altos y persistentes.
Se dice que un bancos central cumple un rol vital en la economía: el de actuar como “prestamista de última instancia” del sistema bancario cuando este experimenta una corrida de depósitos para así evitar una crisis sistémica (es decir, que afecte a todo el resto de la economía). En el caso argentino el Banco Central no cumple esta función. Más bien es “el deudor de primera instancia” del sistema bancario.
Incluso aunque no lo fuera, eliminar la moneda local no implica necesariamente perder los servicios de un prestamista de última instancia por dos motivos.
En primer lugar, en un país inflacionario como Argentina, el público demanda dólares en lugar de pesos. Por lo tanto, la autoridad monetaria no emite el dinero que demanda el mercado. Al emitir pesos en el caso de una crisis bancaria, se corre el riesgo de producir una crisis cambiaria y en un caso extremo alentar una hiperinflación. Si el BCRA pudiese funcionar como prestamista de última instancia, no serían necesarios los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para tener acceso a mayor liquidez. Tampoco serían necesarias las restricciones a los movimientos de capitales (cepos).
En segundo lugar, un banco central no es la única institución capaz de funcionar como prestamista de última instancia. Más importante que emitir dinero es tener acceso al dinero que demanda el mercado en una crisis. En Panamá, por ejemplo, el rol de prestamista de última instancia los cumple el mercado financiero internacional y las casas matrices de los bancos que operan en dicho país. En Ecuador y El Salvador existen fondos de liquidez con la capacidad de ofrecer préstamos de corto plazo. A pesar de no tener banco central, en ninguno de estos países las crisis bancaras han sido un problema.
Quizás más peligroso que no tener un banco central como prestamista de última instancia sea tener un banco central que es fuente de recurrentes desequilibrios monetarios.
La historia argentina demuestra de manera contundente lo peligroso que es dejar la política monetaria en manos de los políticos. Justamente por ello tenemos una inflación alta, persistente y volátil y una economía que no crece.
Este es otro punto en el que aprender de la experiencia internacional de países dolarizados es importante. La crisis financiera global de 2008 fue un shock externo de magnitudes históricas. No obstante la ausencia de un banco central, la economía de Ecuador, El Salvador, y Panamá se vio afectada en mucho menor medida que la economía de la Argentina.
Una dolarización oficial no es una reforma mágica capaz de resolver todos los problemas del país. Es importante, entonces, acompañarla de la manera más rápida posible de otras reformas estructurales que den a la economía el espacio para crecer y ajustarse a cambios en los mercados locales e internacionales. Algunas reformas que deben implementarse simultáneamente con una dolarización:
Una vez que estas reformas se hayan implementado, surgirá la necesidad imperiosa de avanzar con las reformas de segunda generación:
La dolarización dejaría de ser necesaria si tuviéramos un gobierno creíble.
Luego de la crisis de 2001-02, cualquier reforma de jure carece de credibilidad ya que es fácilmente reversible ante la primera dificultad.
En la medida que las reformas institucionales que acompañan a la dolarización sean suficientes para acompañar la adopción de una moneda extranjera pero no sean ideales, eliminar el peso y cerrar el banco central aún funciona como una protección institucional contra un estado que gasta sin límite.
Una dolarización elimina la tentación y la posibilidad de volver a monetizar el gasto público. Tentación a la que gobiernos de distinta orientación política no han sabido superar.
La reforma que proponemos actuaría como un bypass gástrico, una intervención a la que recurren personas que padecen obesidad extrema para bajar de peso de manera sostenida. Pero por si sola no alcanza. Los pacientes también deben cambiar sus hábitos de alimentación. Lo mismo sucede con la dolarización. Zimbabue es el típico ejemplo.
Argentina está en una situación donde si bien una dolarización no es suficiente para solucionar sus desequilibrios económicos, si es una condición necesaria.